Juez inepto ordena encarcelar a ciudadano que denunció corrupción



El ciudadano Leonardo García Vázquez fue vinculado a proceso por haber dado una entrevista a un periódico local denunciando irregularidades en la construcción del fraccionamiento Esmeralda, en el que participó la constructora SYLMA.
El juez fijó un plazo de dos meses para complementar la investigación, y estableció medidas cautelares. Aunque llevará su proceso en libertad, tendrá que acudir a firmar cada 15 días, y no podrá salir de los estados de Hidalgo, Estado de México, y Ciudad de México. La acusación es por el delito de difamación.

El argumento para iniciar el proceso fue que Leonardo tuvo que haber agotado las instancias legales pertinentes en el estado de Hidalgo antes de acudir a los medios de comunicación, para denunciar irregularidades que involucran a la constructora SYLMA.

El juez dijo que ni los medios de comunicación ni el gobierno son la instancia inicial para exigir que un particular haga su trabajo, cumpla con un contrato. Antes, según su argumento, debe acudir a instancias legales.

“Eso significa que ningún ciudadano puede comunicarle a un periodista o a otra persona un hecho, aunque sea verdad, porque se enojan o le causan descredito”, señaló Jesús Alberto Guerrero Rojas, defensor legal de Leonardo al diario Criterio.

“Nos transmiten que no podemos expresarnos libremente porque caemos en este sistema inquisitorio. Desafortunadamente desconozco si de hoy en adelante puedo seguir hablando a los medios, porque entonces me están cuartando mi derecho a la libre expresión”, detalló Leonardo García ante la resolución de la juez.

Los hechos por los que se señala al ciudadano surgen a partir de dos notas periodísticas, publicadas el 8 de noviembre y el 21 de diciembre de 2016. 
  La defensa de Leonardo García Vázquez pidió este lunes la sustitución del juez Ciro Juárez Ortega, para que sea Sissi Anette Rodríguez Fernández quien dé continuidad al proceso de la causa penal 138/2017.

Leonardo García Vázquez fue detenido el jueves pasado en su domicilio en el Estado de México, acusado por la constructora SYLMA de difamación. Había denunciado que el subsecretario de Obras de Hidalgo es también el director responsable de obra de la empresa, lo que representa un posible conflicto de interés.
Esta relación fue documentada en la nota que Animal Político publicó el 27 de julio de 2017, donde se señala que el funcionario Marco Antonio Rico Moreno tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas; ha recibido al menos 273 licencias y la misma Secretaría de Obras ha emitido las órdenes de construcción.

Leonardo García, quien vivía en una casa mal construida -según sus propias palabras- por SYLMA, había hecho una denuncia pública sobre el caso, lo que motivó la investigación de Animal Político.
La empresa señala que se ha visto afectada por las denuncias de corrupción que ha hecho García en medios de comunicación.

Artículo 19 emitió un comunicado sobre el caso de Leonardo, quien enfrenta la acusación en su contra en libertad, a la espera de que se defina su situación jurídica.

“Respecto al derecho al acceso a la información, su libre ejercicio es un instrumento clave para acceder a derechos económicos, sociales y culturales  -en este caso, una vivienda digna y un medio ambiente sano. La búsqueda de información de Leonardo García Velázquez en principio es de claro interés público ya que evidencia los conflictos de interés por la forma en que le fueron otorgados diversos permisos de construcción a la constructora SYLMA siendo el Subsecretario de Obras de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno accionista de la misma constructora”, indicó la organización que defiende la libertad de expresión.

“El periodismo de investigación sobre actos de corrupción es de interés fundamental para visibilizar y combatir la impunidad. Cualquier ataque mediante el uso desviado del derecho penal ya sea contra  fuentes o medios, constituye una grave forma de frenar el flujo de información que representa un discurso especialmente protegido por el interés público que entraña.

Lo anterior redunda en una violación al derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada”, agregó.
Artículo 19 apuntó que “ve con preocupación el uso del derecho penal mediante la figura de calumnia para coartar la expresión y flujos de información que son de evidente interés público”.




Con información de Criterio Hidalgo